domingo, septiembre 30, 2012

ARENGA DEL CONTRALMIRANTE CARLOS BÜSSER

ARENGA A SUS SOLADOS DURANTE EL DESEMBARCO EN MALVINAS. SUS PALABRAS, TRANSMITIDAS EN CADENA  A TODOS LOS SOLDADOS QUE FUERON PARTE DEL OPERATIVO.
SUS ORDENES DEMUESTRAN SU PROFESIONALISMO, SU MORAL, SU PATRIOTISMO. EXTRAÑAREMOS ESTA CLASE DE SOLDADOS QUE HOY NOS HACE TANTA FALTA


http://www.youtube.com/watch?v=MPYuVPd48po



andreapalomas ha compartido un vídeo contigo en YouTube.
Arenga del Contraalmirante Carlos Büsser - Guerra de Malvinas
Arenga del Contraalmirante Carlos Büsser, en navegación ARA "Cabo San Antonio", el 1º de abril de 1982 a las 18:30 horas, antes de la recuperación de las Islas Malvinas.

Discurso completo:

"Soy el Comandante de la Fuerza de Desembarco, integradas por los efectivos de la Infantería de Marina y del Ejército Argentino embarcados en este buque, de algunas fracciones a bordo del Destructor Santísima Trinidad y del Rompehielos Almirante Irizar y de los Buzos Tácticos embarcados en el Submarino Santa Fe.

Nuestra misión es la de desembarcar en las Islas Malvinas y desalojar a las fuerzas militares y a las autoridades británicas que se encuentran en ellas. ¡Eso es lo que vamos a hacer!.

El destino ha querido que seamos nosotros los encargados de reparar estos casi 150 años de usurpación.

En estas Islas vamos a encontrar una población con la que debemos tener un trato especial. Son habitantes del territorio argentino y por lo tanto deben ser tratados como lo son todos los que viven en la Argentina.

Ustedes deberán respetar estrictamente la propiedad privada y la integridad de todas las personas. No entrarán a ninguna residencia privada si no es necesario por razones de combate. Respetarán a las mujeres, a los niños, a los ancianos y a los hombres.

Serán duros con el enemigo, pero corteses, respetuosos y amables con la población de nuestro territorio, a los que debemos proteger. Si alguien incurre en violación, robo o pillaje, le aplicaré en forma inmediata la pena máxima.

Y ahora, con la autorización del señor Comandante del Grupo de Transporte, quiero expresar que lo que haga la Fuerza de Desembarco será el resultado de la brillante tarea que los integrantes de ese grupo ya han realizado.

Gracias por traernos hasta acá y gracias por ponernos mañana en la playa. No dudo que el coraje, el honor y la capacitación de todos ustedes nos dará la victoria.

Durante mucho tiempo hemos estado adiestrando nuestros músculos y preparando nuestras mentes y nuestros corazones para el momento supremo de enfrentar al enemigo. ¡Ese momento ha llegado!.

Mañana serán ustedes los vencedores. Mañana mostraremos al mundo una fuerza argentina valerosa en la guerra y generosa en la victoria.

¡Que Dios los proteja!. Ahora dirán conmigo; ¡Viva la Patria!"

FALLECIO EL CONTRALMIRANTE CARLOS BÜSSER.

Conocí al Sr. Contralmirante Carlos Büsser a fines del año 2011 cuando  me pidió que lo recibiera en mi estudio para solicitarme unas sentencias que necesitaba para un libro que escribía. Estaba lleno de proyectos. Era un hombre de edad avanzada pero todavía mostraba la férrea voluntad del soldado que pelea en todos los campos de batalla que le presentan.
Le dictaron la prisión domiciliaria en marzo de 2012, justo a tiempo para que no pudiera hablar frente al Cenotafio que recuerda el desembarco en Malvinas que él comandó, al cumplirse los 30 años de esa gesta. Este solo ejemplo muestra la calaña de sus secuestradores.
Desde su prisión seguía trabajando por la verdad y la memoria completas, expresiones que a este gobierno le sabe a ofensa.
En el día de ayer su corazón generoso dijo basta. 
Un luchador, un hombre de bien, un ejemplo que no olvidaremos.



Editorial de LA NACION


Domingo 30 de septiembre de 2012 | Publicado en edición impresa
Editorial II

¿Y los derechos humanos?

Los procesados en relación con delitos cometidos durante la represión de los setenta son tratados con olvido de los principios básicos de justicia

Una buena administración de justicia requiere necesariamente la imparcialidad y la independencia de los jueces. De lo contrario no hay justicia. Ambos atributos pueden perderse por varios motivos. Uno es la corrupción, cuando el juez deja de lado su deber para hacer primar su propio y material interés. Otro es el miedo frente al poder o a la opinión pública. El juez dictamina según las presiones o simplemente los deseos del gobierno de turno, o teme ser objetado por los medios. Un tercer desvío es el del juez que hace prevalecer sus inclinaciones ideológicas o políticas en sus fallos.
No estamos refiriéndonos a casos hipotéticos sino a la situación prevaleciente en la Argentina. La manipulación de la designación o remoción de los jueces por parte de un Consejo de la Magistratura en el cual la representación oficial mantiene el poder de veto ha hecho posible estos vicios en nuestra Justicia. Han sido más evidentes en el área denominada de los derechos humanos, donde parecen respetarse los de unos pero no los de otros. Quienes son procesados en relación con delitos cometidos durante la represión de los setenta son tratados con olvido de muchos de esos derechos. Esta omisión no puede justificarse con el argumento de que muchas de las personas juzgadas no respetaron derechos en su oportunidad. Es así como en estos procesos se han dejado de lado principios básicos de justicia, como la irretroactividad de la ley penal, el de cosa juzgada o el de la aplicación de la ley más benigna.
Ha preocupado más recientemente la evidencia de un maltrato injustificado sobre personas procesadas o condenadas por delitos contra los derechos humanos. No se les otorga el beneficio de la prisión domiciliaria a pesar de su avanzada edad o mal estado de salud. Son obligados a comparecer en camilla o con su capacidad mental disminuida, en indagatorias o juicios orales. Se los mantiene en prisión sin condena por plazos que exceden los permitidos por la ley. A la parcialidad de los jueces se ha agregado un cierto empecinamiento de la máxima autoridad del Servicio Penitenciario Nacional, alineado con extremos ideológicos alimentados por la cúpula del poder.
La asimetría en el tratamiento judicial de los delitos de uno y otro bando de los setenta es una carga de pesadumbre adicional para quienes sufren prisión, así como para sus familiares, y particularmente para las víctimas del terrorismo. Muchos jueces y fiscales en estos últimos años han enfocado los casos que se le presentan acatando rápidamente las instrucciones oficiales respecto de lo que debe o no considerase como lesa humanidad. Han hecho caso omiso a la jurisprudencia y los tratados internacionales. Así es como procesan a unos y deciden que no hay lugar para hacerlo con quienes desde organizaciones armadas y con apoyo oficial o externo cometieron crímenes contra civiles inocentes.
Hoy el poder impone estos criterios y la sociedad no los impugna suficientemente. Es que también la opinión pública ha sido movilizada en el mismo sentido. El relato oficial ha ganado un amplio espacio en el periodismo, la intelectualidad y la docencia. El relato sesgado y parcial ha llegado hasta las escuelas, universidades, los medios y el cine, expresándose como verdad incontrovertible. Han pasado 29 años de democracia y sólo ahora un grupo de sindicalistas y políticos se atrevió a reclamar públicamente el esclarecimiento del asesinato de José Ignacio Rucci, pidiendo su no prescripción por considerárselo de lesa humanidad.
Muchos jueces todavía sienten que deben responder al poder y al estado de opinión prevaleciente, o a su propia ideología, y miran para otro lado. Lo están haciendo cuando se les reclama aplicar las normas humanitarias previstas por la ley para no incurrir en el maltrato de las personas detenidas..

sábado, septiembre 29, 2012

5 de OCTUBRE DIA DE LA VICTIMA DEL TERRORISMO.

No nos olvidemos de los que fueron asesinados impunemente por muchos de los que hoy nos gobiernan. La gente sana olvida el dolor y sigue adelante con su vida pero nuestro país está enfermo, enfermo de odio. Los que utilizan el odio en beneficio propio nos obligan a recordar todos los días el dolor. No recordemos sólo la mitad, estas víctimas también claman justicia. Más enajenado que recordar todo el tiempo el pasado es recordarlo por la mitad, quitándole todo sentido de realidad. 

5 de OCTUBRE DIA DE LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO SUBVERSIVO. 
ACTO EN PLAZA SAN MARTIN.


jueves, septiembre 20, 2012

DENUNCIA DE LA ASOC. CIVIL ABOGADOS POR LA JUSTICIA Y LA CONCORDIA.


INTERPONEN DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO- VIOLACION LEY CONTRA LA DISCRIMINACIÓN



Sr. Juez:

              Alberto SOLANET, y Mariano Segundo GRADIN,  en su carácter de Presidente y Secretario respectivamente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, patrocinados por la Dra. Celia Andrea PALOMAS ALARCON, constituyendo domicilio legal en la calle Tucumán 1650 piso 1 “D” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, A V.S. se presentan y dicen:

         I.- PERSONERIA.
          La representación invocada resulta del Estatuto y Acta Constitutiva de la Asociación que en copias debidamente certificadas por escribano público acompañamos adjuntas.
La Asociación que representamos es una ONG con personería jurídica otorgada por la Inspección General de Justicia, cuyo objeto es fomentar la concordia y superar las diferencias que han engendrado tantos odios en nuestro país y que fueron causa y consecuencia de la interrupción de su vida constitucional.
         Esas rispideces, cuyo cenit siempre se dio en el ámbito de lo político, hizo que ora unos y ora otros fuesen objeto de persecuciones, la aplicación de reglas dispares en su valoración y juzgamiento y que siempre hubiese trato discriminatorio que lesionara los derechos y dignidad de aquellos a quienes las circunstancias hicieran que fuesen los ocasionales desfavorecidos.
         Precisamente, el objetivo de contribuir en la medida de nuestras fuerzas a que se termine ese movimiento pendular -alimentado en el fondo por firmes convicciones ideológicas no templadas por la compresión del pensamiento y la dignidad del ocasional adversario - es lo que originó la formación de esta Organización Civil, integrada ya por varios centenares de juristas, que se sienten alentados por la búsqueda del imperio definitivo del Derecho.
         Que en los términos del art. 82 bis CPPN, solicitamos ser tenidos por querellantes y/o parte interesada a los fines de lo previsto en el art. 1 de la ley 23.592.
         Dice el art 82 bis de la ley adjetiva penal (introducida por el art. 1 de la ley 26.550) “las Asociaciones o Fundaciones, registradas conforme la ley, podrán constituirse en parte querellante en procesos en los que se investiguen...o graves violaciones a los derechos humanos siempre que su objeto estatutario se vincule directamente con la defensa de los derechos que se consideren lesionados.”

         II.- OBJETO.
         Con la personería acreditada radicamos formal denuncia criminal por las eventuales consecuencias penales que a nuestro juicio podrían resultar de la resolución tomada en el seno de la Universidad Nacional de Buenos Aires que habría excluido a una población circunscripta del sistema carcelario del programa educativo que desarrolla dicha Alta Casa de Estudios para los internos alojados en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal.  La investigación identificará a quienes resulten autores, cómplices y encubridores de los delitos insinuados en el caso conforme precisamos en el capítulo respectivo.
         A los fines de facilitar la identificación de los posibles involucrados, acompañamos copia simple de la resolución impugnada de fecha 1 de agosto de 2012, en el expediente 15263/12.
         Solicitamos se instruya una investigación por la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, art. 248 del CPN, así como la violación de la ley contra la discriminación (23.592) en su art. 3, in fine.
         De este modo, en el carácter invocado en el punto “I”, demandamos ser tenidos por querellantes y parte interesada  a los fines de solicitar se deje sin efecto la resolución del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires del día 1 de agosto de 2012, (Expte 15263/12) por considerar que incurre en  discriminación contra un grupo de personas por su estatus social, a los que la resolución atacada impide, obstruye, restringe y menoscaba su derecho a estudiar, reconocido por la Constitución Nacional, los Pactos Internacionales introducidos a nuestro ordenamiento por el art. 31 y 75 inc. 22 de la CN. y su derecho a gozar de un trato igualitario frente a otras personas en su misma condición, esto es, imputados, procesados o condenados por distintos delitos. Esto último en contra de lo que expresamente ordenan las leyes y reglamentos que regulan el ejercicio de estudiar en distintas prisiones federales argentinas.
         A los fines de facilitar la investigación denunciamos que el domicilio del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires se encuentra en Viamonte 444, C.A.B.A.

         III.- HECHOS.
                       El 17 de diciembre de 1985, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires firma un convenio entre el entonces Rector de la Universidad de Buenos Aires y el Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal (SPF), por el cual "... los internos (procesados y condenados) alojados en Unidades del SPF, sin ningún tipo de discriminación, podrán iniciar y/o completar los estudios universitarios, (el subrayado nos pertenece).
           Este convenio es ratificado por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires por Resolución Nº 63 del 18 de febrero de 1986 (63/86).
           A partir de la firma de un convenio entre la Universidad de Buenos Aires y el Servicio Penitenciario Federal, desde 1986 se implementa este programa de estudios universitarios en cárceles.
           El acuerdo celebrado deroga anteriores resoluciones de diversas autoridades universitarias  que determinaban la suspensión automática de todo alumno condenado o procesado por delito doloso hasta la resolución definitiva de la situación procesal o el cumplimiento de la condena.       
         En el marco de este convenio, se creó el programa UBA XXII, que permite que personas privadas de su libertad puedan cursar en la Universidad de Buenos Aires, distintas carreras universitarias.
         Las carreras que se dictan en UBA XXII son
CBC
Ciencias Económicas
Ciencias Sociales
Filosofía y Letras
Ciencias Exactas
Derecho
Psicología
Talleres y cursos del Centro cultural Rojas
UBA XXI
SiSBi Sistema de Bibliotecas
Otras actividades que se llevan a cabo
Talleres de escritura y reflexión sobre Derechos Humanos
Computación
Asesoría Jurídica
Asesoría Social
Proyecto Ave Fénix (Dependiente de la facultad de Cs. Sociales)


         Amparado por el derecho que le acuerda este proyecto, el Sr. Carlos Domingo Jurio, cirujano y profesor de la Universidad Nacional de La Plata, procesado por supuestos delitos de “lesa humanidad”, solicitó estudiar mediante UBA XXII. A esta posibilidad se opuso uno de los profesores del proyecto, Rodolfo Raffo.
         La Asociación Civil Abogados por la Justicia y la Concordia realizó la denuncia ante el INADI (Instituyo Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), ya que la negativa del profesor le impedía ejercer el derecho que le acuerdan las leyes.
         El INADI resolvió no sancionar al profesor renuente, amparándolo en el derecho de “objeción de conciencia”. Sin embargo, recomendó a la Universidad de Buenos Aires que garantizara el derecho del solicitante a estudiar.    
         La recomendación del INADI alentó a otros tantos detenidos a solicitar su inclusión en el programa: Oscar Rolón, Adolfo Donda y Guillermo Suárez Mason (h). Nuestra Asociación visita las cárceles recogiendo las impresiones, denuncias y demandas de los detenidos por la acusación genérica de “lesa humanidad”. Por ese motivo conocemos que algunos otros solicitaron el beneficio y otros tantos tienen intención de hacerlo.
         Fue entonces cuando, ante una recomendación de la Comisión de Interpretación y Reglamento del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, éste decidió por el voto de ocho de sus miembros, impedirles el derecho a estudiar en esa casa de estudios, contrariando la resolución que dio origen al proyecto UBA XXII.
         Con argumentos contradictorios, la comisión de Interpretación y Reglamento dictamina “Nuestras universidades nacionales son producto de una larga historia jalonada de acontecimientos positivos y negativos que desembocó en su autonomía constitucional lo que les ha permitido reafirmar en la República la tradición que desde los orígenes mismos de la institución universitaria la concibe como una comunidad de estudiantes y docentes, estamentos que hoy se amplían a egresados y no docentes.
         Que el propósito de esta comunidad no puede ser otro que permitir la libre discusión de ideas y la más amplia confrontación de concepciones del mundo, único ambiente en que puede desarrollarse el saber.
         Que la autonomía universitaria no tiene otro  objetivo que garantizar este marco, sin discriminación alguna y dentro de la legalidad que marca la Constitución Nacional, el derecho internacional y las leyes de la República.
         Que en este sentido la Universidad de Buenos Aires no puede negar la condición de miembro de su comunidad a cualquier persona que cumpla con los requisitos formales y respete sus normas. Por ello ha abierto sus claustros a todas las personas privadas de la libertad que cumplan y acepten estas condiciones, sin reparar en el delito imputado o cometido, pues considera que todo habitante de la Nación tiene el inalienable derecho constitucional a educarse, perfeccionar su conocimiento y superar las condiciones en que las circunstancias o su propia conducta anterior lo hayan colocado.
         Que el respeto a las normas que rigen a esta comunidad universitaria no se agota en el cumplimiento formal de sus pautas, sino que exige que quien aspira a incorporarse a ella que su conducta no sea destructiva  o lesiva a la existencia misma de la comunidad.
         Que una comunidad que abre sus puertas a todos con la generosidad que impone la Constitución Nacional, no pregunta por el hecho que se imputa o que ha cometido la persona que solicita su incorporación sino que mira sólo su conducta actual y su perspectiva futura, partiendo de la base de que toda situación es reversible en el tiempo y que toda falla humana es rectificable. En el caso –y conforme a esos principios- tampoco la UBA debe reparar en la naturaleza de los hechos imputados o cometidos.
         Que la particularidad del caso –que no puede pasarse por alto- es que quienes aspiran a incorporarse a su comunidad universitaria en la actualidad y desde siempre, defienden públicamente la tesis de una pretendida inexistencia, legitimidad, o justificación de los delitos de los que fueran víctimas los propios miembros de su comunidad universitaria es decir una tesis negacionista de los delitos que han victimizado masivamente a miembros de la comunidad universitaria a la que pretenden incorporarse.
         Que no pretende la UBA cuestionar las tácticas defensivas de estas personas en sus respectivos procesos penales, ámbito en el que se les debe garantizar la más amplia argumentación, pero ese mismo discurso, llevado al seno de la UBA, se vuelve disolvente del espíritu comunitario que debe animarla conforme a la tradición universitaria mundial de todos los tiempos.
         Que ninguna universidad del mundo aceptaría como parte de su comunidad a personas que victimizaron a sus integrantes de la manera más cruel que haya conocido nuestra historia y que de antemano se sepan sostenedores de un discurso negacionista que habría de postular en su propio seno la pretendida legitimidad de esos delitos masivos. Más aun, no lo haría ninguna comunidad –de la naturaleza que fuese- porque estaría destruyendo el propio sentimiento de comunidad y con ello se estaría negando una condición que hace a su esencia y, por ende, aniquilándose a sí misma.
         Que la generosidad constitucional es amplísima pero reconoce como límite la no afectación de la existencia misma de las instituciones y la incolumidad de su naturaleza pues es elemental función de todo texto constitucional crear instituciones y normar las condiciones para su permanencia y continuidad. Por ende, la garantía de la autonomía universitaria, en consonancia con el principio de igualdad- no puede desnaturalizarse para servir de instrumento legal que destruya a la propia universidad.
         Que la UBA debe respetar escrupulosamente la regla de no preguntar a nadie que toque sus puertas qué ha hecho y mucho menos aún quién es, pero al mismo tiempo debe preservarse de las conductas actuales y futuras que la lesionen como institución, perturbando gravemente la necesaria convivencia comunitaria de sus miembros.
         Que en este sentido, la UBA debe aceptar incluso a quienes han victimizado cruelmente a integrantes de todos los estamentos de su comunidad pero no puede permitir que éstos se incorporen a ella portando un discurso negacionista que pretenda legitimar esos delitos, porque inevitablemente esta conducta presente y actual –no pasada- sería fuente de interminables conflictos y desavenencias internas y acabaría lesionando o destruyendo las condiciones indispensables para la convivencia comunitaria que es la esencia de su institucionalidad”.
         Hasta aquí el dictamen, que recoge el Consejo Superior como fundamento de la siguiente decisión: “Por todo lo expuesto, quienes suscriben recomiendan no admitir a condenados y/o procesados por delitos de lesa humanidad como estudiantes de la Universidad de Buenos Aires”.
         La exclusión de la Universidad de Buenos Aires obedece a una serie de consideraciones de corte político, que no identifica ni tiene relación directa con los individuos perjudicados.
         Se los rotula genéricamente como “condenados y/o procesados por delitos de lesa humanidad” creando una clase política o social que abiertamente busca segregarlos del resto de la sociedad.
         Entre los argumentos, se asegura que el ingreso de miembros de esta clase política o social sería “disolvente” para el espíritu comunitario que anima a la universidad; que el ingreso de esta clase sería fuente de interminables conflictos y desavenencias internas y acabaría lesionando o destruyendo las condiciones indispensables para la convivencia comunitaria.
         La creación de una nueva clase social o política que -según el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires- debería ser segregada de la sociedad, constituye una clara discriminación a la que V.S. debe poner fin puesto que las conductas denunciadas son producto del prejuicio y del fanatismo.
         ¿Ha producido desavenencias disolventes el Dr. Jurio -cirujano y profesor universitario- en todos los años que sirvió a la comunidad de la Universidad de La Plata? Los discriminados provienen de los más variados estamentos sociales, algunos de ellos jamás han cursado en una universidad ni han traspasado siquiera sus umbrales como para que se los acuse de haber victimizado a universitarios. Otros, como ya hemos mencionado, provienen de largos años de actividad académica. A todos se los incluye en un mismo grupo que a sus autores se les ocurre homogéneo.
         Las argumentaciones contradictorias que se chocan contra sí mismas a lo largo del dictamen son la abierta confesión de un dogma de intolerancia, que no alcanza a esconderse tras tal sinuoso razonamiento.
         Asimismo, la condición de funcionarios públicos de los involucrados agrava la discriminación que se denuncia, pues éstos deberían ser los guardianes de la ecuanimidad y la concordia. Son éstos, V.S., los que debieran dar ejemplo de conductas tolerantes y velar por el cumplimiento de la legislación universitaria que desde sus orígenes rechaza la discriminación  “...los internos (procesados y condenados) alojados en Unidades del SPF, sin ningún tipo de discriminación, podrán iniciar y/o completar los estudios universitarios...” Res. 63/86 del Consejo Superior de la UBA.

         IV.- AUTORÍA.
          Los hechos que forman el objeto del proceso encuadran por un lado en los delitos introducidos al sistema penal argentino por la Ley 23.592, aclarado que cabe a la averiguación preliminar determinar exactamente cuál o cuáles de las modalidades específicas se aplicarían al caso (art. 193 inciso 2 del CPPN).  La decisión que nos ocupa constituye un claro acto de discriminación, pues excluye a una población determinada de los derechos que reconoce a los demás integrantes de la misma comunidad.  La Universidad de Buenos Aires desarrolla desde años atrás un sistema de instrucción universitaria pensado para integrar y formar a los presos que permanecen privados de su libertad en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal, que padecen esa situación como procesados o condenados por delitos graves.
                Esa condición peculiar hermana a todos los miembros de la comunidad carcelaria.  La sanción  penal es la única consecuencia prevista por la ley para quien comete un delito, siendo que por principio el sistema vigente sólo permite el encierro en casos de subida gravedad  y que en la materia la gravedad sólo se mide por la pena que conmina la ley para los diferentes delitos del catálogo respectivo.  Y la aclaración tiene trascendencia aquí habida cuenta que, por definición, estructurar un plan de estudios para la población carcelaria significa reconocer que los presos tienen acceso a la educación universitaria independientemente del delito que se les endilgue y hasta incluso por el que se los condene.
La información disponible dice que la Universidad de Buenos Aires excluyó una parte específica de la población carcelaria por cuestiones que no tienen ninguna relación con lo académico.  La exclusión invocaría una gravedad que no tiene fuente en la ley y tampoco en la pena específica sino que, ajena al derecho penal y a los delitos concretos atribuidos al grupo afectado, sería manifestación maniquea de sectores, bandos o posturas políticas. El segundo párrafo del art. 1º de la Ley citada contempla el acto de discriminación sustentado en 'motivos de raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos', requisitos visiblemente presentes en el caso.
Si bien seguramente va a objetarse que la población excluida del programa universitario no está privada de su libertad por los motivos indicados sino por los delitos que se atribuyen a sus miembros, la excusa pierde sentido en el contexto por lo mismo que toda la comunidad carcelaria es pasible del mismo mote y a ella se destina igualmente el programa comentado.  El tilde remite más bien a la política de los derechos humanos como una tal política, no por lo que evoca la categoría en cuanto garantías del individuo frente al poder estatal sino, muy distinto, desvirtuada en herramienta de punición y castigo de un grupo de portación.
La Universidad de Buenos Aires excluye de los cursos a quienes se unifican por motivos de ideología, opinión política o condición social, por lo que todos representan como miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y policiales y hasta incluso por civiles que en su tiempo cumplieron alguna función estatal.  El resto es pretexto o apariencia, pues nadie levantó inventario de la población carcelaria para revisar las imputaciones de cada uno y formar grupos distintos de gravedad; lo que se hizo, sencillamente, es discriminar al sector específico que las autoridades del Servicio Penitenciario Federal segregan en sectores también específicos como miembros del grupo encarcelado desde que se lanzó la campaña de punición empeñada en castigar y perseguir a quienes habrían participado del conflicto que afectó a la Argentina en los años '70. Y eso remite directamente a la ubicación de estos presos en el enfrentamiento, no a otra cosa.
La resolución se organizó, pensó e instrumentó dentro de una estructura específica del aparato estatal dando cuenta de un modo de acción directa montado para progresar una persecución adicional o complementaria de la política en desarrollo desde el Poder Ejecutivo Nacional.  Eso convoca la figura agravada del artículo 2º de la Ley 23.592 no sólo por provenir de un centro universitario naturalmente contrario a estas prédicas sino también porque, sin diferenciar, discrimina sin distinción, indiscriminadamente, a todo el grupo afectado.
         Si, como es de suponer, las inconductas denunciadas se corresponden con la participación  de funcionarios públicos abusando de su cargo, cobraría vocación, además, el delito del artículo 248 del Código Penal. La contrariedad de lo actuado con el ordenamiento legal específico y el hecho de alzarse incluso contra principios centrales de la Constitución nacional, remite a la figura legal citada.

         V.- TIPICIDAD.
          El art. 248 CP dice: "Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".

         La resolución del Consejo es palmariamente contraria a la Constitución, que establece en su art. 16 la igualdad ante la ley de todos sus habitantes. La norma es claramente discriminatoria y atenta entonces no sólo contra esta norma sino también contra el art. 2° de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el art. 1° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. 24 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, incorporados a la Constitución por el art. 75 inc. 22.

         La Resolución del Consejo viola directamente también el art. 18 de la Constitución Nacional. Y lo hace por partida doble.
         En primer lugar, porque no sólo establece la proscripción para  los condenados, sino que la extiende también a los procesados, violando el principio de inocencia de que goza todo ciudadano conforme lo establecido en el citado artículo.  El proceso penal no se hace para penar, sino para saber si hay que penar.  Pero el Consejo aplica la discriminación como castigo, incluso a una persona que no ha sido declarada culpable por ningún Tribunal de la Nación. Se trata de otra violación inadmisible.

         En segundo lugar, la resolución ignora la finalidad meramente asegurativa de las cárceles que dispone la última parte del art. 18 CN, prohibiendo el castigo, así como medidas mortificantes a los presos, estableciendo para siempre la prioridad de la finalidad resocializadora de la pena, largamente ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la doctrina penitenciarista, nacida al amparo del pensamiento de la célebre autora española Concepción Arenal, citada recientemente por el máximo Tribunal en el habeas corpus "Verbitsky", precisamente para mostrar el grado de marginación y desamparo en que se encuentran miles de presos en nuestro sistema.

         Asimismo, la resolución contraviene el art. 1 de la Ley 23.592 (ley contra la discriminación) “Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados.
A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos
         Es evidente que a este grupo de personas se las discrimina por su condición social de procesados o condenados por delitos de “lesa humanidad”.
         También viola el art. 3, in fine, de la misma Ley (23.592)  “Artículo 3.— Serán reprimidos con prisión de 1 mes a 3 años... En igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.”
         Aquí las supuestas ideas políticas de negación o negacionismo de haber formado parte de un grupo que habría “victimizado” a miembros de la comunidad universitaria, son el detonante. Ello no necesariamente  significa que los discriminados sostengan esa teoría o que, efectivamente, se los hubiere procesado o condenado por “victimizar” a  miembros de la comunidad universitaria sino que son los denunciados, los que les atribuyen esas ideas. El motivo de la segregación, entonces, gira en torno a que les atribuyen sostener ideas políticas de negacionismo.
        
          El dolo de los denunciados es manifiesto, no sólo por lo evidente de las transgresiones constitucionales señaladas, sino principalmente porque se trata de personas preparadas, que han accedido al máximo nivel de educación y tienen el deber de velar por la vigencia de las libertades individuales y la igualdad de oportunidades, presentes desde el origen en nuestro sistema educacional y especialmente el universitario.     

         Como elemento demostrativo del dolo señalamos que el Consejo, desoyó abiertamente la recomendación específica del INADI sobre el particular. Dictó esta resolución en manifiesta contradicción con una resolución de esta entidad estatal

         VI.- PRUEBA.
         Sin perjuicio de las que V.S. encuentre pertinentes sugerimos la siguiente prueba.
         Documental.
         Se acompaña copia simple de la resolución del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires del 1 de agosto de 2012.
         Expediente Nº 15263/2012.
         Expediente Nº 21719/2012.
         Expediente administrativo ante el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) caratulado Jurio, Carlos Domingo s/ denuncia contra Raffo, Rodolfo. Dirección Moreno 750, 1er. Piso, C.A.B.A.
         Informativa.
         Se oficie al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires y al INADI para que envíen los expedientes antes mencionados.

         VII.- COMPETENCIA.
         Tal como dispuso en su tiempo el artículo 1º de la Ley 14.180, la Universidad de Buenos Aires presta servicios locales.  Esa circunstancia surte la competencia de la justicia de instrucción para conocer en esta causa.

         VIII.- PETITORIO.
          Por todo lo expuesto solicitamos.
          1) Se nos tenga por presentados en el carácter invocado, por constituido el domicilio.
          2) Se abra una investigación respecto de las conductas denunciadas.
         3) Se corra vista al Procurador General Penitenciario, a fin de que sea parte de estas actuaciones.
          4) Se sancionen las conductas denunciadas y se deje sin efecto la Resolución de Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires de fecha 1 de agosto de 2012 de fs. 475/8 del expediente administrativo 15263/12.     Proveer de conformidad,
                                 SERA JUSTICIA

        
        

miércoles, septiembre 19, 2012

Carta de lectores, LA NACION

VESTIMENTA 
Le respondo a la señora Estela de Carlotto que efectivamente la gente que concurrió a la manifestación espontánea del último jueves "estaba bien vestida", es decir, sin pañuelos que cubrieran medio rostro, o capuchas, palos o consignas políticas; sin columnas organizadas ni primeras filas de choque. Como usted bien observó, algunos hombres se encontraban de traje y corbata, y algunas mujeres con zapatos de taco alto, con o sin carteras... sucede que la gran mayoría salía de trabajar. No escapará a su criterio que gracias a Dios trabajamos; conscientes de que no sólo debemos mantener a nuestras familias, sino que también debemos asumir la carga para mantener todo el "andamiaje político", incluidos los planes sociales y compañía. Saludablemente, después de un día de trabajo, nos quedaron energías para dar a conocer públicamente -sin pago previo, sin micros gratis, sin aprietes, únicamente por convicción y conciencia ciudadana- nuestro deseo de un país mejor, que incluya a todos, que dé oportunidades a los que menos tienen dentro de la cultura del trabajo y la libertad plena. Aprovecho por su intermedio para que le comente al señor ministro Abal Medina que seguramente no pisamos el pasto por una cuestión de respeto por lo público, y porque finalmente somos nosotros con nuestros impuestos quienes lo mantenemos.
Alfredo Lavalle 
arlavalle@yahoo.com.ar

martes, septiembre 11, 2012

ALEGATO DE UN NIÑO POR NACER. Por Andrea Palomas Alarcón




Patria, no me mates...
Patria, no me niegues...

Sabes que cuando hablas de “interrupción”, es de mi vida de la que hablas? No tengo un botón que dice “pausa” para volver a vivir dentro de un rato. Cuando me interrumpes, lo haces para siempre.

Patria no me ignores...

Todos los días soy un poquito más grande y esta mañana descubrí con alegría que me salió un nuevo dedito. Dame una oportunidad, dame tiempo, crezco tan rápido como puedo. Pronto tendré mi mano completa y podré saludar a mamá cuando se aleja del colegio. Déjame ponerme el guardapolvo blanco y soñar cuando la maestra me cuente sobre las glorias del General San Martín, en su tordillo blanco como la nieve de la Cordillera, con su capón al viento y su rostro de acero y de bronce.
Déjame ser un niño más, como los otros.

Patria, no me excluyas...

No soy responsable por lo que hicieron mis padres y ya es bastante dolor que no me quieran.
Quiéreme tú en lugar de ellos.
Déjame convertirme en un hombre de bien, prometo no defraudarte. Déjame ir a la escuela o a la universidad, quiero ser un doctor  o trabajar con mis manos y devolverte en riquezas el invalorable don de la vida. Ten fe en mí, ten esperanzas.

Patria, no me ofendas...

Aunque todavía soy muy pequeño tengo mi dignidad.
No soy un tejido ni un bulto, soy un niño. Dios conoce mi nombre aunque mi madre no lo ha elegido todavía.
No tengo autonomía pero  existo, tengo vida. Acaso vas a matar a todos los que no se valen por sí mismos? A los que van en silla de ruedas porque no pueden caminar? A los que no respiran sin una máquina? A los que no pueden alimentarse sin ayuda?

Patria, no me asustes...

Jesús toma mi mano y me sonríe pero en sus ojos hay tristeza. Me pide que sea valiente pero yo no quiero ser valiente, sólo soy un niño; quiero que me quieran y que me cuiden.

Patria no me niegues...

Mi vida es importante, tanto como la de mi madre o mi padre. No soy menos que ellos.

No me juzgues...

No me condenes sin escuchar mi alegato. Soy inocente, soy un niño.