martes, agosto 24, 2010

ARBITRARIEDAD Y DAÑOS COLATERALES

Por Malú Kikuchi
http://www.informadorpublico.com/100452.html

Por Malú Kikuchi para el Informador Público

Jueves 19/8/10, mediodía, acompañado por el secretario de comunicaciones, Lisandro Salas, el ministro Julio De Vido anuncia: “Ya no existe más Fibertel”. En Argentina es difícil sorprenderse, pero a veces lo consiguen.

Después, extrañas y poco comprensibles explicaciones, “que no quieren que se presten servicios en forma trucha” (en un país donde abundan las radios truchas, los servicios truchos, los remedios truchos, las candidaturas testimoniales/truchas, las inauguraciones truchas… ¡hay que tener cara!).

Otra, que Fibertel no puede operar porque la fusión con Cable Visión no es legal, y la fusión viene desde 2003, gobierno K. Hay que admitir que al ministro y al secretario les llevó 7 años darse cuenta de la ilegalidad del caso. Y Lisandro Salas, el 14/7/09 autorizó a Fibertel a ofrecer servicio telefónico vía Internet. ¿Entonces no sabía que era un servicio trucho?

Es el mismo Lisandro Salas que firmó la resolución de caducidad de Fibertel, Nº 100, un año después. La esposa de De Vido, la Dra. Alessandra Minicelli es usuaria de Fibertel. El marido debía haberle advertido que estaba usando un medio trucho, por aquello de que “la mujer del César no sólo debe ser honesta, sino que debe parecerlo”. Muy desprolijo.

El gobierno K está en guerra con el grupo Clarín. Más personal aún, Kirchner está en guerra con Magnetto. Y en esta guerra que nace con la resolución 125 de las retenciones al campo, todo vale. Cabe recordar que antes de esa fecha, con la ayuda del multimedios Clarín, Kirchner logró construir poder. Después del amor, sobrevino este controvertido divorcio, que atropelló todo. Para empezar, atropelló la ley.

El objetivo K es desmantelar el multimedios y encarcelar a Héctor Magnetto, si es posible por delitos de lesa humanidad, sino por lo que se pueda probar o inventar. Para Magnetto el objetivo es que nadie del grupo K gane las elecciones el año que viene.

En esta guerra feroz y sin límites, todo vale, desde el ADN de los hijos Noble Herrera (intento frustrado), hasta la compra de las acciones de Papel Prensa a los Graiver, pasando por la caducidad de Fibertel, prestador de servicios por Internet. Se supone que es sólo el principio, que la saga continuará y habrá más noticias para este boletín.

Y en el medio de estos dos pesos pesados, la gente, nosotros, los ciudadanos, los que sobrevivimos en Argentina, un país que se ha vuelto muy difícil en todo sentido.

La arbitrariedad equivale a ilegalidad, injusticia, abuso, irracionalidad, atropello, iniquidad, improcedencia y parcialidad. Si el que ejerce la arbitrariedad es el estado, el peligro es mayor. Corren serio riesgo las libertades individuales.

Aunque el acto de arbitrariedad no tenga como finalidad descolocarnos, molestarnos, o coaccionar nuestra libre elección del servidor de Internet, con hechos como este, pasamos a ser simplemente, “daños colaterales”. No sé a Ustedes, pero a mí no me gusta y no quiero y ni admito, ni acepto, ser “un daño colateral” en medio de una guerra que me es ajena.

Hace demasiados años que uso Fibertel, es el único servidor que conozco. Me he quejado muchas veces, he amenazado con darme de baja y sustituirlo, nunca lo hice. Hace demasiados años que tengo la misma y única dirección electrónica, no quiero cambiarla, ya es casi como mi firma, forma parte de mí.

¿Por qué habría de hacerlo? ¿Cómo pretende el gobierno obligarme sin tener razones jurídicas valederas para hacerlo? ¿Por qué debo cambiar lo que no quiero cambiar simplemente porque K quiere jorobar a M? Sin contar las molestias e inconvenientes, además del trabajo adicional y la pérdida de tiempo que me acarrearía el cambio. Me niego a ser un “daño colateral”.

Clarín con todo su poderío, puede defenderse solo. Pero el respeto por la ley, el acatamiento a los contratos firmados, la aquiescencia al estado de derecho, la defensa a la libertad de expresión (Ley 26.031, “la difusión de las ideas por Internet es parte del derecho constitucional a la libertad de expresión”), merecen que reaccionemos. No en defensa de Clarín, sí en defensa de nuestros inalienables derechos.

Este gobierno, que tiene un muy pobre concepto sobre la inteligencia de la gente, cree que los medios de comunicación son influyentes y que a través de ellos se puede convencer a las personas de cualquier cosa. Como si la gente no pensara. Por eso compran medios a través de amigos testaferros y alquilan otros medios a través de la pauta publicitaria oficial.

Este gobierno que se dice peronista y puede que lo sea, debería recordar lo que decía Perón, “cuando tuvimos todos los medios en contra en 1945, ganamos; cuando tuvimos todos los medios a favor en 1955, perdimos”. Parafraseando a Clinton, “no son los medios los que inducen el voto, son los actos del gobierno, ¡estúpido!”

Este gobierno no me gusta y razones me sobran, pero reconozco que Kirchner es, salvando las distancias, el presidente más astuto que hemos tenido desde Roca. No entiendo cómo, si quiere recuperar el perdido voto de la clase media, la ataca con esta resolución que desactiva Fibertel.

Un millón de usuarios equivale por lo menos a 3 millones de personas usando el servicio. Personas que no tendrán ganas de votar ninguna fórmula propuesta por K el año que viene. ¡Si hasta en la IV Convención de Ginebra de 1949, que entró en vigencia el 21/10/1950, aceptada y firmada por Argentina, todo el convenio gira alrededor de la protección de civiles en tiempos de guerra!

En nuestro país existe hoy una guerra entre el gobierno y Clarín. Insisto, en esta guerra despiadada, como todas las guerras, inútil, como todas las guerras (gracias a Dios hasta ahora sin sangre), los civiles, en este caso los ciudadanos, debemos ser protegidos desde el gobierno en vez de ser atacados, aunque sea sin querer. No debemos ser “daños colaterales”. Pero lo somos.

Si la justicia permite el atropello que significa la caducidad de Fibertel, ¿cuántas personas se quedarán sin trabajo? Los usuarios de la mayor prestadora de servicios de Internet, ¿tendrán cabida en los otros servidores o la capacidad de los mismos no dará para tanto?

¿El cambio, además de molestias ciertas, implicará gastos extras para los usuarios? ¿No se creará otro monopolio, esta vez de las compañías telefónicas, tratando de desmantelar –en este caso puntual- un monopolio inexistente? ¿Al disminuir la competencia, las prestadoras subirán los precios? ¿Alguien desde el gobierno se ha hecho estas preguntas?

Si desde el gobierno no se han dado cuenta de la situación y la magnitud de los “daños colaterales”, el tema es mucho más grave. Si la ira, la bronca, la necesidad de venganza, la derrota y la humillación del inventado enemigo, están por encima de la razón, es cuestión de preguntarse si los que toman decisiones en el gobierno están en condiciones de gobernar.

La Constitución Nacional tiene respuesta a todos los problemas del país; el juicio político es una de ellas. De todos modos recuerde que en el 2011, el 14 de agosto, se votan primarias y en octubre, presidenciales. De nosotros depende dejar de ser “daños colaterales”.

Quiero seguir siendo usuaria de Fibertel.


Malú Kikuchi

http://www.lacajadepandoraonline.com/

domingo, agosto 15, 2010

DONDE ESTABAS CUANDO SE LLEVARON A PATTI?

Un clamor políticamente incorrecto.





La sociedad se desangra por la inseguridad.

Mientras los políticos cuentan porotos para saber si llegan, si vuelven, si pasan la primera vuelta, la sociedad se desangra. La matan frente a su familia cuando entra el auto.

Una conversación de sordos gritando: el ciudadano común no entiende porqué a los homicidas les dan una pulserita y los políticos refutan que el ciudadano quiere criminalizar la pobreza.

El miedo del hombre común intenta perforar con razones, la coraza de deslealtad intelectual. La deslealtad intelectual se defiende con humoradas; es una sensación.

El miedo común del ciudadano común choca contra el miedo épico del político: que el ciudadano común le dicte la agenda. Que se ponga los pantalones largos y le diga “gracias, Diputado (Gobernador, Presidente...) estamos reestructurando, no lo necesitamos más...ahora mandamos nosotros”.

Por eso el político clava las cuatro patas en la tierra y resiste el vendaval de sentido común. “No se puede criminalizar el hambre” murmura con los dientes apretados, con la misma obstinación que diría “no me van a cambiar”.

Cuando el esgrima dialéctico no alcanza, la deslealtad intelectual patea la pelota fuera de la cancha: “no es un tema ideológico”, concluye con mala fe.

Sí, es ideológico!

Los que no sufrieron la Facultad de Derecho de la UBA durante los noventa (y antes también) no pueden saber hasta dónde es ideológico. No pueden conocer el cargamento ideológico que se parapeta detrás de la negativa a reprimir el delito.

No pueden conocer cómo destrataban (y destratan) con un rictus despectivo al “populacho” que iba a las marchas de Blumberg. “No entienden nada...no se puede dejar en manos de indoctos la Justicia. No se puede criminalizar la pobreza. No se puede meter preso al ladrón de gallinas y liberar al de cuello blanco”.

Yo tenía un profesor, el Dr. Marcelo Sancinetti, que nos enseñaba la reincidencia al revés. Su teoría era que al reincidente había que darle una pena cada vez menor, no mayor como hace ahora esta sociedad tosca en la que vivimos.

El reincidente está demostrando su incapacidad para ajustarse a la norma; era para él una forma de atenuante. Una especie de “capitis diminutio” (incapacidad atenuada, la llamaba) que le impedía actuar como a un ciudadano normal y, por lo tanto, había que tenerle miramientos.

No es broma, ha escrito docenas de libros que son publicados por varias editoriales del país y del extranjero; es un doctrinario muy reconocido.

Este profesor no es la excepción, es la regla. El abolicionismo penal domina las Facultades de Derecho del país.

El problema de fondo es más que ideológico, es filosófico, es definir qué es democracia. Si democracia es otorgar patente de corso cada cuatro años o que el votante elija los lineamientos de las políticas de Estado y designe vigiladores que las cumplan.

El ciudadano común no entiende que para ganar la guerra contra el delito tiene que doblarle el brazo a la política.

No tengo una respuesta para ese ciudadano común, tengo una exasperada gran pregunta: Ciudadano...dónde estabas cuando se llevaron a Patti?, qué canal estabas mirando?

Porque cuando le inventaron esa causa que hoy lo tiene medio muerto, sos vos el que fuiste preso y seguís tras las rejas de tu casa sin entender absolutamente nada? No te diste cuenta de que era un tiro por elevación contra los que reclaman seguridad? No te diste cuenta que el problema era con vos y no con Patti?

Cómo es posible que un cadete a los veinte años secuestró, torturó y nadie lo haya recordado hasta que, treinta años después, sacó cuatrocientos mil votos? Sin embargo, el que hoy te roba el auto y te mata, mañana está en la calle otra vez.

Vos no fuiste a defender a Patti. Fuera de algunos vecinos de Escobar nadie fue a defenderlo. Es más, hoy, en nombre de la Constitución y la Justicia, lo someten a torturas y lo condenan a muerte, y todavía nadie dice nada.

Ciudadano, con qué derecho pedís Justicia y Seguridad si no saliste a defender al policía que te sirvió bien? Con la misma boquita con que decís “te quiero” a tu familia y te despedís para siempre?

Si consentís esta injusticia, querés que la Justicia a vos sí te defienda?

Qué te hace distinto de Patti, si para los políticos sos tan represor como él? Los políticos te tienen bronca porque les pedís seguridad, porque no te dejás guiar por su elevado saber y entender, ni te dejás matar en silencio. Si pudieran prescindir de todos los que reclamamos seguridad, nos mandarían a prisión junto con Patti. Afortunadamente somos muchos.

Leo en un cable de Telam que los jueces Larrandart y Sagretti ordenaron que el subcomisario Luis Abelardo Patti deje la clínica Fleni donde se hallaba internado y vaya a la cárcel común en Devoto. Rechazaron argumentos “virulentos” de su defensor, el Dr. Alfredo Bisorti respecto del trato indigno al que es sometido.

Patti sufrió un ACV durante una operación programada; está ciego, paralítico y tiene medio cuerpo inmóvil.